El fondo buitre Nestar-Azora, en el banquillo por el supuesto cobro de cláusulas abusivas en el alquiler

Hace más de un año las inquilinas de varios bloques de vivienda propiedad del fondo de inversión Nestar-Azora de Madrid decidieron demandar al grupo inversor por el cobro de cláusulas supuestamente abusivas, que redundaban en un “aumento indirecto del alquiler”. En las dos demandas colectivas presentadas en octubre participan más de un centenar de afectados que viven en los bloques de la zona madrileña del Ensanche de Vallecas. Este miércoles tendrá lugar el primero de los juicios en los tribunales de Plaza Castilla (Madrid) y antes de que de comienzo, a las doce del mediodía, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha convocado una concentración a las puertas. Hablarán los afectados y también los representantes.

“En 2019, el Gobierno aprobó una Ley de Arrendamientos Urbanos que prohibía a las entidades jurídicas subir el precio del alquiler durante los siete años de vigencia del contrato. Sin embargo, los fondos encontraron una forma de esquivar esta restricción: a medida que avanzan los años, trasladan a los inquilinos gastos adicionales como la comunidad o el IBI, lo que en la práctica supone un aumento indirecto del alquiler”, señalan en la nota prensa. También acusan a Nestar de obligar a los inquilinos a contratar seguros de impago.

Nestar-Azora, que está entre los mayores propietarios de vivienda en España, defiende que ha actuado de acuerdo a la ley. En declaraciones a infoLibre, señaló en noviembre que por el momento ninguna sentencia había sentado jurisprudencia sobre este tema, por lo que las cláusulas, señalaban, “son válidas y acorde a la ley, incorporadas en los contratos y explicadas antes de su firma”.

En la nota remitida por el sindicato señalan que su idea es cambiar la jurisprudencia. “Nuestro objetivo es sentar precedente contra aquellos que se creen impunes, con el poder económico y político en su mano, y conseguir que esas cláusulas que utilizan para conseguir más beneficios sean consideradas abusivas”, concluyen. Por el momento los vecinos de los bloques se han negado a pagar estos gastos adicionales y la agrupación sindical calcula que una sentencia favorable podría costarle a la compañía 8 millones de euros: “es lo que anualmente se llevan en IBI, Comunidad y seguro de impago en las 4600 viviendas que tienen en Madrid”, concluyen.